Los bancos continúan restringiendo sus políticas crediticias, mientras la demanda por nuevos préstamos sigue deprimida.

De acuerdo con la encuesta sobre condiciones de créditos bancarios correspondiente al segundo trimestre del año, los estándares de otorgamiento de crédito para la cartera de consumo se han vuelto más restrictivo, mientras se aprecia un pequeño deterioro en el segmento de vivienda. Ello, luego de cinco trimestres de relativa estabilidad. En tanto, las condiciones de oferta de crédito para las pymes volvieron a restringirse respecto al trimestre previo, al igual que las políticas de otorgamiento de préstamos para las empresas constructoras e inmobiliarias.

Por otra parte, el reporte reveló también que la demanda por préstamo de los hogares, tanto en consumo como en vivienda, se percibe más débil, aunque con menor intensidad que el trimestre anterior. De la misma forma, la demanda de crédito por parte de grandes empresas y pymes sigue contrayéndose, aunque en ese último caso sólo ligeramente. Finalmente, se aprecia también una débil demanda para las empresas inmobiliarias y constructoras. Sin embargo, destacamos que el porcentaje de bancos que percibe una menor demanda se redujo.

El sostenido deterioro en los procesos de aprobación de permisos seguirá limitando la recuperación de la inversión.

De acuerdo con la información publicada por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), durante junio se contabilizó el ingreso de 39 proyectos de inversión los cuales representan una inversión total de US$ 2.187 millones. A nivel sectorial destaca minería, con permisos ingresados que representan más de la mitad del monto total. A ello se sumaron proyectos en energía e inmobiliarios con los montos más relevantes luego de minería. Con el dato puntual de junio, se acumula en los últimos 12 meses un monto de proyectos ingresados al SEA por US$ 28.373 millones, resultado que es muy inferior a los US$ 70.000 millones acumulado a principios de 2020 y confirma el comportamiento declinante que se aprecia desde ese período. Dicha tendencia también se aprecia en los permisos aprobados por el SEA. De hecho, el monto acumulado de proyectos aprobados en los últimos doce meses llegó a US$ 12.238 millones, menos de la mitad del peak observado a fines de 2017.

Ello deja en evidencia uno de los grandes problemas que enfrenta la economía chilena que es el sostenido deterioro en los procesos de aprobación de proyectos de inversión. A nuestro juicio, en varias dimensiones: la cantidad de permisos solicitados; las múltiples instituciones públicas que participan en dichos procesos los cuales a su vez son engorrosos y caros; los plazos de aprobación son más extensos que los legales; mayores requisitos, especialmente medio ambientales; y el creciente aumento de la discrecionalidad.

En relación con lo anterior, esta semana se conoció que el Segundo Tribunal Ambiental dejó sin efecto la aprobación del proyecto Hijuelas Quilín. De hecho, han pasado cerca de 9 años desde que la Inmobiliaria Universa comenzó a gestar el proyecto, período durante el cual la inmobiliaria ha enfrentado distintas barreras que le han impuesto tanto los vecinos de la comuna y la municipalidad, como las mismas autoridades ambientales.

Preocupa la frágil situación de las firmas, especialmente de las más pequeñas.  

Según el último boletín de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento las liquidaciones de empresas subieron un 12% durante los primeros seis meses de 2023 en relación con similar período de 2022, lo que significó 595 solicitudes. En tanto, el documento menciona que en el mismo periodo medido las compañías que solicitaron su reorganización subieron un 22%. Por otra parte, un estudio elaborado por ChileDeudas.cl da cuenta de una aparente situación compleja para las Pymes. De acuerdo con el sondeo realizado a 890 firmas que declararon ser Pymes, el 83% cree que, si no mejora el escenario económico del país y sin ayudas financieras del Estado, no podrá pagar sus créditos comerciales.

Fitch mantiene la clasificación de riesgo de Chile con perspectiva estable.

La agencia clasificadora de riesgo Fitch Ratings mantuvo la clasificación de la deuda soberana de Chile en la categoría “A-“, seis notas por debajo de la máxima clasificación. En tanto, Fitch dejó la perspectiva estable, lo cual implica que en al menos un año no se prevén cambios. Fitch destacó que el nivel de deuda respecto al PIB es más bajo que sus pares, así como los sólidos indicadores de gobernanza y un historial de políticas macroeconómicas creíbles en base a un esquema de metas de inflación y un régimen de tipo de cambio flotante. Sin perjuicio de ello, señaló que dichas fortalezas se compensan por un ingreso per cápita que se estima se mantendrá inferior al de sus pares y una alta dependencia de los precios de los commodities.