- Alcance jurídico del fallo y efectos retroactivos
La Corte Suprema determinó que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al utilizar la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977 para justificar aranceles “recíprocos” de carácter amplio, así como gravámenes específicos contra China, Canadá y México. El fallo reafirma que la potestad constitucional de imponer tributos y derechos aduaneros corresponde al Congreso, acotando el uso de legislación de emergencia con fines comerciales.
Desde el punto de vista jurídico, la decisión tiene, en principio, efectos retroactivos, lo que implica que los aranceles aplicados bajo ese fundamento podrían considerarse inválidos desde su origen. Sin embargo, ello no supone devoluciones automáticas y generalizadas. La retroactividad fortalece principalmente la posición de importadores que hayan presentado impugnaciones formales y eleva la probabilidad de litigios adicionales.
La decisión no obliga automáticamente al Ejecutivo a reducir de manera permanente el nivel de aranceles, pero sí invalida la base legal utilizada para imponerlos. Dado ello, la administración debería cesar su aplicación bajo ese fundamento o reemplazarlos por otras herramientas jurídicas disponibles con mayores exigencias procedimentales y tiempos más largos. De esta forma, el fallo restringe el mecanismo empleado, pero no elimina la capacidad del Ejecutivo de mantener un sesgo proteccionista por otras vías.
- Contingencia fiscal asociada
El componente fiscal es significativo. Los aranceles constituyeron una fuente efectiva de ingresos para el Tesoro. Si los tribunales inferiores aplican plenamente la retroactividad del fallo, el gobierno podría enfrentar devoluciones parciales, eventualmente con intereses. Ello, si bien no se trata necesariamente de un evento sistémico, sí configura una contingencia que introduce incertidumbre adicional sobre las cuentas fiscales en un contexto de déficits elevados y necesidades de financiamiento significativas.
Desde la perspectiva de mercado, la eventual pérdida de ingresos arancelarios y la posibilidad —aunque incierta— de reembolsos relevantes es negativa para las perspectivas fiscales y podría ejercer presión alcista sobre las tasas de los bonos del Tesoro.
- Impacto inmediato en mercados y riesgo comercial
La reacción de los mercados fue positiva pero acotada. Los activos de riesgo avanzaron, el dólar retrocedió levemente y las tasas de los bonos del Tesoro mostraron alzas moderadas. Ello es consistente con que el fallo no constituyó una sorpresa significativa, sugiriendo que los mercados ya asignaban alguna probabilidad a este desenlace. En tanto, el menor rango de maniobra del Ejecutivo reduce marginalmente la incertidumbre comercial de corto plazo. Esto implicó una reducción acotada de la prima por riesgo asociada a escenarios comerciales más disruptivos.
Sin perjuicio de lo anterior, el mercado también internaliza que la administración dispone de otras herramientas legales para reintroducir o reemplazar parte de los aranceles, lo que limita la probabilidad de un desmantelamiento del esquema arancelario vigente.
- Opciones estratégicas del Ejecutivo y escenarios probables
El fallo no elimina la capacidad del Ejecutivo para imponer aranceles, pero obliga a utilizar instrumentos más acotados y con mayores exigencias. Entre las principales alternativas se encuentran:
-
- Section 232 (Trade Expansion Act de 1962): aranceles por razones de seguridad nacional, tras investigación del Departamento de Comercio y con enfoque sectorial.
- Section 201 (Trade Act de 1974): salvaguardias ante daño grave a industrias locales, con límites de tasa y duración.
- Section 301 (Trade Act de 1974): represalias frente a prácticas comerciales consideradas discriminatorias, previa investigación.
- Section 122 (Trade Act de 1974): aranceles temporales (hasta 15% por 150 días) por desequilibrios de balanza de pagos.
- Section 338 (Smoot-Hawley Act de 1930): herramienta nunca utilizada, con tope de 50% y alta probabilidad de disputa legal.
En consecuencia, el escenario base se ha modificado desde la posibilidad de medidas amplias e inmediatas hacia un enfoque más sectorial, gradual y jurídicamente más complejo. Para los mercados, ello reduce la probabilidad de un shock comercial significativo adicional e implica posibles ajustes a la baja en la prima por riesgo asociada a tensiones comerciales.