Deterioro fiscal mayor al previsto: alto déficit estructural, menor holgura y presión de ajuste hacia adelante.
- Déficit efectivo y estructural superan lo anticipado
La Dirección de Presupuestos confirmó en el IFP 4T25 un déficit efectivo de 2,8% del PIB y un déficit estructural de 3,55% del PIB, este último significativamente mayor a lo proyectado previamente. La desviación responde a una combinación de factores: recaudación tributaria no minera en su nivel más bajo como porcentaje del PIB desde 2014 (excluida la pandemia), menores impuestos pagados por grandes empresas, efectos puntuales en PPM, apreciación cambiaria y menor recaudación por Impuesto. A ello se suma un mayor ajuste cíclico por cobre, dado que el precio efectivo superó al de referencia, ampliando la brecha entre balance efectivo y estructural.
- Sobreestimación de ingresos y gasto rígido tensionan la regla
La magnitud y reiteración de las desviaciones en el déficit efectivo y estructural evidencian problemas de estimación de ingresos y/o decisiones de gasto poco prudentes en un contexto de menor capacidad de recaudación. Más allá de factores cíclicos, el resultado confirma un deterioro sostenido —y más intenso— de las cuentas fiscales respecto de lo anticipado meses atrás.
- Déficit estructural elevado limita capacidad contracíclica.
Un déficit estructural sobre 3,5% del PIB reduce significativamente las holguras fiscales y limita la capacidad de absorber shocks externos (caídas en términos de intercambio, volatilidad financiera global) o internos (menor crecimiento o desastres naturales). La economía enfrenta un escenario con menor espacio para implementar una política fiscal contracíclica.
- Riesgos de credibilidad y clasificación soberana.
La brecha entre metas y resultados tensiona la credibilidad del marco de balance estructural y aumenta el riesgo de cuestionamientos por parte del mercado y clasificadoras de riesgo. Si bien un entorno más favorable en crecimiento y precios de commodities —junto con el compromiso explícito de ajuste del próximo gobierno— reduce la probabilidad de una rebaja inminente, el deterioro reciente incrementa el riesgo.
- Ajuste fiscal como prioridad inicial del próximo gobierno.
La magnitud del desequilibrio obliga a que la consolidación fiscal sea una prioridad desde el inicio del próximo mandato. Se ha mencionado un ajuste del orden de US$3.000 millones el primer año, consistente con la necesidad de reconducir el balance estructural hacia una senda sostenible y recomponer la credibilidad.
Deuda pública estable, pero con menor patrimonio: el costo de financiar el déficit vía liquidación de activos.
Si bien la deuda bruta se mantuvo en un 41,7% del PIB al cierre de 2025 —destacado por la autoridad como una señal de solvencia— este argumento es incompleto. El exceso de gasto debe financiarse, y las alternativas son aumentar pasivos o reducir activos. En la práctica, la estabilización del ratio de deuda se logró en parte mediante una reducción relevante de activos financieros del Estado, incluyendo menores saldos en fondos soberanos como el FEES, la liquidación de la cuenta de otros activos del Tesoro Público, además de traspasos extraordinarios desde CORFO al Fisco, que implicaron liquidación patrimonial.
En términos económicos, el deterioro fiscal no solo se expresó en el flujo (déficit elevado), sino también en el balance, vía menor stock de ahorro público. Por lo tanto, la estabilidad de la deuda como porcentaje del PIB no refleja una mejora estructural de solvencia, sino un uso intensivo de activos acumulados, deteriorando la situación patrimonial del Estado.