El Congreso despachó a ley el Presupuesto 2026 tras intensas negociaciones y un trámite que se cerró a pocos días del plazo legal. El presupuesto considera un aumento real del gasto de 1,7%. En su distribución, se imprimió un enfoque en prioridades sociales, destinando recursos adicionales a salud, vivienda y seguridad pública, así como a pensiones, educación, y políticas de cuidado. Sin embargo —y aunque algunas partidas fueron reforzadas— el ajuste fiscal también deja saldos de tensión. Algunas glosas polémicas quedaron fuera: no se financian programas como el del apoyo a la identidad de género, ni ciertos fondos para sitios de memoria. Por otro lado, varios gobiernos regionales enfrentarán recortes en sus presupuestos, lo que podría complicar inversiones locales y prestaciones territoriales en 2026, mientras deja fuera la denominada “glosa republicana”. El presupuesto da cuenta de la fragilidad de las cuentas fiscales y la necesidad de que el próximo gobierno inicie un proceso de ajuste y convergencia hacia el equilibrio fiscal.
