La reciente aprobación de la ley que busca agilizar el otorgamiento de permisos para proyectos de inversión constituye un avance relevante en la modernización regulatoria. Apunta a enfrentar la llamada “permisología”, un obstáculo ampliamente identificado por el sector privado como un freno a la inversión, especialmente en sectores como minería y energía. La ley contempla medidas como plazos máximos para resolver permisos, digitalización de trámites, la creación de ventanillas únicas y mayor coordinación interinstitucional.
Sin embargo, si bien el gobierno estimó que la iniciativa reduciría entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación, ello dependerá críticamente de una adecuada implementación, la cual, a nuestro juicio, enfrenta peligros y desafíos significativos:
1. Débil coordinación institucional
- Uno de los problemas estructurales del sistema de permisos es la falta de coordinación entre organismos sectoriales, muchos con mandatos legales distintos. Por ejemplo, un proyecto aprobado por el SEA queda detenido por que la Dirección General de Aguas (DGA) no otorga a tiempo el permiso de uso de cauce debido a criterios propios.
- Si no se logra una coordinación adecuada, alineando especialmente los criterios técnicos, las disrupciones podrían mantenerse.
2. Capacidad operativa limitada de servicios públicos
- Muchos organismos encargados de evaluar permisos enfrentan déficit de personal técnico, presupuesto y herramientas digitales, generando cuellos de botella.
- En ausencia de inversión en modernización y capacitación, la exigencia de plazos más cortos podría generar resoluciones de baja calidad o más judicialización.
3. Riesgo de vacíos legales o contradicciones normativas
- Al superponer nuevas reglas a marcos legales vigentes, pueden surgir inconsistencias o conflictos de competencias que dificulten la aplicación uniforme de la ley. Por ejemplo, un nuevo reglamento fija un plazo máximo de 60 días para otorgar un permiso sectorial, pero la ley sectorial vigente exige participación ciudadana que toma más tiempo, generando conflicto legal y confusión en su aplicación.
4. Judicialización
- Si los permisos se otorgan de manera acelerada sin suficiente rigurosidad técnica, aumenta el riesgo de recursos judiciales, lo que podría ir en contras de los objetivos de la iniciativa que es dar más certeza a los inversionistas.
5. Falta de evaluaciones periódicas y mecanismos de ajuste
- Si nos e incorporan métricas claras de seguimiento y espacios de revisión, la ley podría estancarse como una reforma formal sin impacto real, especialmente si cambian los equipos o los objetivos políticos.
- Dado ello, será clave información que cuantifique si los tiempos de tramitación efectivamente se redujeron y si los servicios están cumpliendo con los plazos establecidos.
Con todo, si bien la iniciativa tuvo un amplio respaldo en el Congreso y fue bien recibida por el sector privado, no se debe perder de vista el hecho que su impacto dependerá de reglamentos, implementación y una coordinación efectiva entre los distintos organismos sectoriales.